miércoles, 19 de enero de 2011

Cuando la línea recta no es el camino más corto



Está en la prensa. La de papel, la de toda la vida, y la virtual, la que no ocupa sitio ni hay que llevar al contenedor de reciclaje y que nos permite ir de flor en flor.
Cada día más gente se queda fuera de juego y se tiene que buscar la vida (expresión que oí por primera vez en la mili, y que venía a significar anda y que te den). No falta quien diga que de una crisis no se sale: no se vuelve a la vida anterior, todo cambia y la supervivencia es cuestión de adaptación. Miedo me da. Ya veremos, no sé cómo andamos en los puestos de salida: aquí hay quien juega con las cartas marcadas.

En Teruel, como en otros tantos lugares, hay un problema con la vivienda. Unos y otros, quienes construyen y quienes desean ejercer el derecho que les ampara en la Constitución Española opinan y exigen. Laz ciudades crecen, se extienden, y el centro queda vacío, un hueco peligroso. 
Se ha convertido en lugar incómodo, priman los grandes espacios que nos condenan al uso de medios de transporte, y se ha preferido que la inercia permitiera que muchos pisos quedaran vacíos, a la espera de una rehabilitación que no llega porque tampoco se regula, mientras quienes desean acceder a la vivienda en propiedad o en alquiler tendrán que hacer números que difícilmente cuadrarán y que seguramente no tendrán la plasticidad necesaria para adaptarse a una nueva situación, porque por mucha imaginación que le echen, dos más dos seguirán siendo cuatro.

Desconozco si hay o quiénes son los culpables. Un paseo por calles fantasmas basta para darse cuenta. Con frecuencia, la línea recta no es el camino más corto entre dos puntos. Como en la foto, es necesario dar un rodeo. El esfuerzo mínimo para que se cumpla la Constitución en su artículo 47, sin necesidad de que el pago de una vivienda hipoteque el futuro de toda una generación.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación

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